La factura electrónica en España ha ganado protagonismo en los últimos años. A continuación, verás una hoja de ruta detallada sobre la facturación electrónica a nivel nacional.
La factura electrónica B2B en España entra en una nueva fase
Con el Real Decreto ya publicado y la Orden Ministerial en audiencia pública, el desarrollo del marco legal de la factura electrónica sigue avanzando. La entrada en vigor de la Orden Ministerial, prevista para octubre de 2026, activará el calendario de implementación.
La factura electrónica es un documento digital que sustituye a la factura en papel y cumple con los mismos requisitos legales y fiscales, garantizando la autenticidad, integridad y trazabilidad de los datos.
Además, debe ajustarse a formatos estructurados que permiten su generación, envío y procesamiento automático tanto por administraciones públicas como por empresas privadas. En esencia, se trata del justificante digital de la compraventa de bienes o la prestación de servicios.
En España, está regulada por el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, que desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales (B2B) y modifica el Reglamento de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012.
El pasado 17 de abril de 2026 se publicó el proyecto de la Orden Ministerial, sometido a trámite de audiencia e información pública. Si finalmente el texto se aprueba según está redactado en el proyecto, la Orden Ministerial entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 y se activarán los plazos para que la obligación empiece a ser exigible.
En España, el uso de la factura electrónica sigue creciendo de forma sostenida. Según el último estudio de factura electrónica de SERES (Grupo Docaposte), publicado en 2025 y basado en datos de más de 700.000 empresas del ámbito B2B, su uso aumentó un 21,18% en 2024 respecto al año anterior.
De hecho, su uso es obligatorio en las relaciones con la Administración Pública desde 2015 y, con el desarrollo reglamentario de la Ley Crea y Crece, será también obligatorio en las operaciones entre empresas y profesionales una vez se definan los plazos de aplicación.
Las principales novedades de la factura electrónica B2B en España son:
Formato UBL en la solución pública: Todas las copias fieles de facturas que se trasladen a la solución pública deberán estar en formato UBL, alineándose con los estándares europeos de IVA digital.
Copia fiel regulada: Se aclara el procedimiento para remitir la copia fiel de la factura desde plataformas privadas, garantizando integridad y trazabilidad.
Emisión 100% electrónica: Todas las facturas deberán emitirse en formato electrónico, incluso aquellas voluntarias entre empresas. No se permitirá la factura en papel.
Gestión de pagos y abonos: Se detallan las reglas para calcular los plazos de pago, comunicar cargos y abonos, así como notificar rechazos de manera clara y estructurada.
Cumplimiento VeriFactu: Las facturas emitidas a través de la solución pública deben cumplir con los requisitos de VeriFactu.
Adaptación regional: Se establecen disposiciones generales para la aplicación de la normativa en País Vasco y Navarra.
Plazos de entrada en vigor: Los plazos comenzarán a contarse desde la aprobación de la Orden Ministerial, no desde el Real Decreto.
Todas estas novedades impulsan la digitalización de procesos clave en las empresas, posicionando la factura electrónica como un elemento central en la eficiencia y transparencia de los negocios.
Con la publicación del Real Decreto 238/2026 que desarrolla la Ley Crea y Crece, la factura electrónica B2B entra en una nueva fase de digitalización y estandarización en España.
Además, el borrador de la Orden Ministerial — publicado el 17 de abril y que actualmente se encuentra en fase de audiencia pública — define aspectos clave como los requisitos técnicos, los formatos y el calendario de implementación.
Si el texto se aprueba según está redactado, entrará en vigor a partir de octubre de 2026. No obstante, al tratarse aún de un borrador, estos elementos podrían ajustarse hasta la aprobación definitiva de la norma.
Actualmente, la factura electrónica en España es obligatoria en las relaciones con las Administraciones Públicas (B2G). La Ley 25/2013 establece su uso desde 2015, fijando el formato Facturae como estándar. Además, desde 2018, los proveedores deben enviar sus facturas electrónicas a través de la plataforma FACe cuando superan los 5.000 €.
En el ámbito privado, la Ley Crea y Crece impulsa la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (B2B). Este marco ha sido desarrollado por el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, que regula aspectos clave como la interoperabilidad, los estados de las facturas y el control de pagos.
La aplicación efectiva dependerá de la aprobación definitiva de la Orden Ministerial. Su borrador, publicado el 17 de abril y actualmente en fase de audiencia pública, prevé que la Ley Crea y Crece entre en vigor en octubre, aunque esta fecha podría modificarse.
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B2G: La factura electrónica es obligatoria en las relaciones con las Administraciones Públicas, así como en las operaciones entre contratistas y subcontratistas del sector público.
B2B: Este marco ha sido desarrollado por el Real Decreto 238/2026, y su aplicación se realizará de forma progresiva en función del volumen de facturación de las empresas (superior o inferior a 8 millones de euros), una vez se definan los requisitos técnicos y se activen los plazos oficiales.
B2G: Las facturas electrónicas se deberán emitir en formato estructurado Facturae.
B2B: Los formatos estructurados definidos por la Ley Crea y Crece son: Facturae, EDIFACT, UBL y CEFACT. Aquellas empresas que no utilicen la solución pública de factura electrónica deberán enviar a esta una copia fiel de cada factura en formato UBL, de acuerdo con la publicación de la 2ª Audiencia sobre el proyecto del Real Decreto de la factura electrónica.
B2G: Se debe aplicar de manera obligatoria un sistema de firma electrónica en las facturas emitidas a las administraciones públicas y, además el emisor tendrá la obligación de almacenar esas facturas durante 5 años.
B2B: También será obligatorio utilizar un sistema avanzado de firma electrónica para el intercambio de facturas entre empresas. En cuanto al almacenamiento, lo sabremos con la publicación definitiva del reglamento técnico.
La factura no es el único documento que se establece de manera electrónica. España ya cuenta con varios sistemas tributarios electrónicos como:
El proceso simplificado de emisión de facturas electrónicas en España con el sector público a través de FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas), es el siguiente:
El primer paso es extraer la información del ERP y procesarla en la plataforma para generar la factura conforme al formato Facturae (XML) establecido por la Agencia Tributaria y validando los datos para verificar que tienen la información precisa.
Una vez hemos extraído y validado la información, enviaremos la factura al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas o FACe, según corresponda.
Los emisores deberán garantizar que se cumplen con los mecanismos de firma electrónica avanzada para garantizar la integridad y autenticidad de la factura. Por otro lado, se deberán almacenar durante 5 años.
La factura electrónica es obligatoria desde 2015 para todas las entidades que entreguen bienes o presten servicios a las Administraciones Públicas, según la Ley 25/2013. Las entidades obligadas incluyen:
- Sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada.
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en España.
- Uniones temporales de empresas (UTEs).
- Otros tipos de asociaciones y fondos.
El proceso simplificado de emisión y recepción de facturas electrónicas B2B en España, según el Real Decreto 238/2026 que desarrolla la Ley Crea y Crece, es el siguiente:
El primer paso es extraer la información de nuestro ERP y procesarla en la plataforma para generar la factura conforme al formato que el cliente espera recibir (Facturae, EDIFACT, CEFACT o UBL), garantizando la validación de la información.
Una vez hemos extraído y validado la información mínima requerida que se adapte a la sintaxis correspondiente, el siguiente paso es enviar el documento a través de nuestra plataforma de facturación homologada, identificando al destinatario y teniendo en cuenta el canal de comunicación adecuado. Siempre deberemos garantizar la trazabilidad, el procesamiento y los diferentes estados de la factura.
Una vez enviada la factura electrónica por parte del proveedor, será la plataforma de intercambio de facturas electrónicas del cliente quién la reciba e intercambie la información con su propio ERP.
El emisor de la factura deberá almacenar y emitir una copia fiel de la factura a la Agencia Tributaria. Por su parte, el receptor de la factura tendrá un plazo de 4 días para comunicar los estados de aceptación, rechazo y pago completo de la factura. Y, además, deberá comunicar los estados de rechazo y pago a la Agencia Tributaria que tendrá en consideración para el Observatorio de Morosidad.
La Ley Crea y Crece establece la obligatoriedad progresiva de la factura electrónica en España según el volumen de facturación.
Los plazos de implementación dependerán, en gran medida, de la aprobación definitiva de la Orden Ministerial, que se espera el 1 de octubre de 2026. El calendario previsto es el siguiente:
Octubre de 2027. Empresas con facturación superior a 8 millones de euros: un plazo de 1 año para adaptarse.
Octubre de 2028. Empresas con facturación inferior a 8 millones de euros: un plazo de 2 años.
Con estas medidas, la factura electrónica se consolida como un elemento clave para la digitalización, transparencia y control de morosidad en las relaciones comerciales en España.
El incumplimiento de la factura electrónica obligatoria en España puede conllevar sanciones económicas de hasta 10.000 € para aquellas empresas que, estando obligadas, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas. Este régimen sancionador es el heredado por la Ley 56/2007, modificada en el artículo 12 de la Ley Crea y Crece.
Además, debido a la obligación que tendrán los proveedores de enviar la copia fiel y los clientes de informar de los estados de la factura a la Agencia Tributaria, se establecerán, de manera previsible, repercusiones de carácter fiscal en caso de no cumplir.
El inicio de la factura electrónica obligatoria en España entre empresas y autónomos será progresivo, según lo previsto en la Ley Crea y Crece. La entrada en vigor definitiva dependerá de la aprobación de la Orden Ministerial que establecerá los requisitos técnicos del sistema, desarrollados en el Real Decreto 238/2026. Por ello, los plazos de adaptación comenzarán una vez publicado este reglamento, marcando el inicio efectivo de la obligatoriedad B2B.
El inicio de la factura electrónica obligatoria en España con las Administraciones Públicas fue el 15 de enero de 2015, según lo establecido en la Ley 25/2013.
Las facturas electrónicas obligatorias están sujetas a la normativa legal regulada por el Real Decreto 1619/2012 y deben poder garantizar:
• Completa legibilidad.
• Autenticidad del origen garantizando la identidad de ambas partes.
• Integridad del contenido de la factura garantizando que no ha sido modificado.
La garantía de la legibilidad de las facturas electrónicas va a estar estrechamente vinculada al uso de una plataforma de intercambio que reciba la factura, por ello es importante contar con un proveedor homologado.
Los formatos de facturación electrónica obligatoria aceptados legalmente, en este caso, son: FACTURAE, EDIFACT, UBL y CEFACT.
Dicho esto, los proveedores deberán ser capaces de generar y enviar una factura electrónica en formato estructurado, bien desde un ERP o desde una solución manual (suya o que ponga a su disposición su cliente, o en el caso de ser una microempresa o autónomo a través del formulario y la solución pública de facturación).
• Aceptación o rechazo comercial y la fecha de la misma
• Pago completo de la factura y la fecha de la misma.
Así mismo, otros posibles estados que pueden darse y cuya personalización es admitida por la Plataforma de Intercambio de SERES son:
• Aceptación o rechazo comercial parcial de la factura y su fecha.
• Pago parcial de la factura, importe pagado y su fecha.
• Cesión de la factura a un tercero para su cobro o pago, con identificación del cesionario y su fecha de cesión.
La información sobre los estados de la factura deberá remitirse en un plazo máximo de 4 días naturales tras la comunicación de estado, excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales, desde la fecha del estado que se informa en cada caso.
Así mismo, los receptores deben comunicar a la AEAT el rechazo o pago completo de la factura en un plazo máximo de 4 días tras la comunicación de estados.
Durante el período de transición entre las empresas obligadas a emitir factura electrónica y las que todavía no lo estén, solo afectará a las relaciones entre aquellas empresas que estén obligadas en ese momento.
La facturación con las no obligadas se realizará como hasta ahora, salvo que estas decidan voluntariamente adelantarse al plazo y trabajar con facturación electrónica.
Sin embargo, todas las empresas quedarán obligadas al final del plazo de 2 años que establece la Ley, sea cual sea su facturación.
La respuesta es sí. Estos dos sistemas son diferentes, por lo tanto las empresas que ya estén trabajando con el SII deberán adecuarse a la ley de la factura electrónica.
Sí, los autónomos también están considerados en la normativa que hará efectiva la obligación de factura electrónica B2B.
La Ley Crea y Crece estipula la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, encargado de seguir y analizar los datos de los plazos de pagos, y de promover buenas prácticas.
Para garantizar esto, la AEAT siempre debe estar al tanto de las transacciones entre empresas, por ello, en el caso de que el intercambio de facturas electrónicas se produzca íntegramente entre mediante plataformas privadas de facturación electrónica, una copia generada automáticamente de cada factura electrónica deberá ser depositada en la solución pública de factura electrónica.
La Agencia Tributaria deberá ser informada por parte de los destinatarios de facturas del pago efectivo completo y su fecha respecto de sus facturas recibidas tal y como se determine. Del mismo modo dispondrá los mecanismos precisos para que, se permita la comunicación voluntaria de los retrasos en el pago o impago de facturas por cualquier empresa o profesional, ya sea el emisor o el receptor de las facturas.
La AEAT extraerá información estadística de las facturas electrónicas remitidas al sistema público de facturación electrónica y de los reportes de información sobre el pago de facturas que permita monitorizar el cumplimiento de la normativa sobre morosidad comercial en los diferentes sectores de la economía y la hará llegar, al menos, al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.
Las Plataformas de Intercambio de Factura electrónica se presentan como una solución óptima, clara y fiable que cumple con el marco legal, teniendo como objetivo agilizar procesos de facturación de manera actualizada. En este caso, si ponemos como ejemplo la Plataforma Tecnológica de SERES, las empresas podrán digitalizar sus facturas para clientes y proveedores, y en paralelo mantener al día sus transacciones con la AEAT.
Gracias a nuestra Plataforma de facturación es posible tener una ventaja en la gestión de trámites al poder reducir el impacto económico de la facturación convencional y el tiempo que esto sugiere.
Además, las empresas podrán digitalizar una factura en papel en el menor lapso de tiempo. De este modo las empresas podrán organizar todos sus documentos y tener un aval de las facturas ya emitidas con anterioridad.